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Legislación
Ley 30 de Diciembre 28 de 1992
Título 3. Del régimen especial de las
Universidades del Estado y de las otras instituciones de Educación
Superior estatales u oficiales.
Capítulo 1. Naturaleza Jurídica.
Artículo 57.
Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes
universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados
al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las
políticas y la planeación del sector educativo.
Los entes universitarios autónomos tendrán
las siguientes características: Personería jurídica,
autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio
independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo
con las funciones que le corresponden.
El carácter especial del régimen de las
universidades estatales u oficiales comprenderá la organización
y elección de directivas, del personal docente y administrativo,
el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen
financiero y el régimen de contratación y control fiscal,
de acuerdo con la presente Ley.
Parágrafo. Las instituciones estatales
u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter
de universidad según lo previsto en la presente Ley, deberán
organizarse como Establecimientos Públicos del orden Nacional,
Departamental, Distrital o Municipal.
Artículo 58.
La creación de universidades estatales u oficiales y demás
instituciones de Educación Superior corresponde al Congreso Nacional,
a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales o a los
Concejos Municipales, o a las entidades territoriales que se creen,
con el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
Al proyecto de creación debe acompañarse
por parte del Gobierno un estudio de factibilidad socioeconómico
aprobado por el Ministro de Educación Nacional previo concepto
favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
Artículo 59.
A partir de la vigencia de la presente Ley, la creación de universidades
estatales u oficiales o de seccionales y demás instituciones
de Educación Superior estatales u oficiales debe hacerse previo
convenio entre la Nación y la entidad territorial respectiva,
en donde se establezca el monto de los aportes permanentes de una y
otra. Este convenio formará parte del estudio de factibilidad
requerido.
Artículo 60.
El estudio de factibilidad a que se refiere el artículo 58 de
la presente Ley, deberá demostrar entre otras cosas, que la nueva
institución dispondrá de personal docente idóneo
con la dedicación específica necesaria; organización
académica y administrativa adecuadas; recursos físicos
y financieros suficientes, de tal manera que tanto el nacimiento de
la institución como el de los programas que proyecta ofrecer
garanticen la calidad académica. Este estudio deberá demostrar
igualmente, que la creación de la institución está
acorde con las necesidades regionales y nacionales.
Artículo 61.
Las disposiciones de la presente Ley relativas a las instituciones estatales
u oficiales de Educación Superior, constituyen el estatuto básico
u orgánico y las normas que deben aplicarse para su creación,
reorganización y funcionamiento. A ellas deberán ajustarse
el estatuto general y los reglamentos internos que debe expedir cada
institución.
Aquellos establecerán cuáles de sus
actos son administrativos y señalarán los recursos que
proceden contra los mismos.
Capítulo 2. Organización y elección
de directivas.
Artículo 62.
La dirección de las universidades estatales u oficiales corresponde
al Consejo Superior Universitario, al Consejo Académico y al
Rector.
Cada universidad adoptará en su estatuto general una estructura
que comprenda entre otras, la existencia de un Consejo Superior Universitario
y un Consejo Académico, acordes con su naturaleza y campos de
acción.
Parágrafo. La dirección de las demás
instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que
no tengan el carácter de universidad, corresponde al Rector,
al Consejo Directivo y al Consejo Académico. La integración
y funciones de estos Consejos serán las contempladas en los artículos
64, 65, 68 y 69 de la presente Ley.
Artículo 63.
Las universidades estatales u oficiales y demás instituciones
estatales u oficiales de Educación Superior se organizarán
de tal forma que en sus órganos de dirección estén
representados el Estado y la comunidad académica de la universidad.
Artículo 64.
El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano
de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado
por:
a) El Ministro de Educación Nacional o su
delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones
de orden nacional.
b) El Gobernador, quien preside en las universidades
departamentales.
c) Un miembro designado por el Presidente de la República,
que haya tenido vínculos con el sector universitario.
d) Un representante de las directivas académicas,
uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno
del sector productivo y un ex-rector universitario.
e) El Rector de la institución con voz y sin voto.
Parágrafo 1° En las universidades distritales
y municipales tendrán asiento en el Consejo Superior los respectivos
alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no el Gobernador.
Parágrafo 2° Los estatutos orgánicos
reglamentarán las calidades, elección y período
de permanencia en el Consejo Superior, de los miembros contemplados
en el literal d) del presente artículo.
Artículo 65.
Son funciones del Consejo Superior Universitario:
a) Definir las políticas académicas
y administrativas y la planeación institucional.
b) Definir la organización académica, administrativa
y financiera de la Institución.
c) Velar porque la marcha de la institución esté
acorde con las disposiciones legales, el estatuto general y las políticas
institucionales.
d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de
la institución.
e) Designar y remover al rector en la forma que prevean
sus estatutos.
f) Aprobar el presupuesto de la institución.
g) Darse su propio reglamento.
h) Las demás que le señalen la ley y los
estatutos.
Parágrafo. En los estatutos de cada universidad
se señalarán las funciones que puedan delegarse en el
Rector.
Artículo 66.
El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva
de la universidad estatal u oficial y será designado por el Consejo
Superior Universitario. Su designación, requisitos y calidades
se reglamentarán en los respectivos estatutos.
Parágrafo. La designación del Rector de las instituciones
estatales u oficiales que no tienen el carácter de universidades
de conformidad con la presente Ley se efectuará por parte del
Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde según
el caso, de ternas presentadas por el Consejo Directivo. El Estatuto
General determinará los requisitos y calidades que deben reunir
los candidatos y los procedimientos para la integración de esta
terna, en los cuales deberá preverse la participación
democrática de la comunidad académica.
Artículo 67.
Los integrantes de los Consejos Superiores o de los Consejos Directivos,
según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos
y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades
e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos así
como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o conejos
directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes
del Consejo Superior Universitario o de los Consejos Directivos, en
razón de las funciones públicas que desempeñan,
serán responsables de las decisiones que se adopten.
Artículo 68.
El Consejo Académico es la máxima autoridad académica
de la institución, estará integrado por el Rector, quien
lo presidirá, por una representación de los decanos de
facultades, de los directores de programa, de los profesores y de los
estudiantes. Su composición será determinada por los estatutos
de cada institución.
Artículo 69.
Son funciones del Consejo Académico en concordancia con las políticas
trazadas por el Consejo Superior Universitario:
a) Decidir sobre el desarrollo académico de la institución
en lo relativo a docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas
académicos, a investigación, extensión y bienestar
universitario.
b) Diseñar las políticas académicas
en lo referente al personal docente y estudiantil.
c) Considerar el presupuesto preparado por las unidades
académicas y recomendarlo al Consejo Superior Universitario.
d) Rendir informes periódicos al Consejo Superior
Universitario.
e) Las demás que le señalen los estatutos.
Capítulo 3. Del personal docente y administrativo.
Artículo 70.
Para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial se requiere
como mínimo poseer título profesional universitario. Su
incorporación se efectuará previo concurso público
de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo
Superior Universitario.
El Consejo Superior Universitario reglamentará
los casos en que se pueda eximir del título a las personas que
demuestren haber realizado aportes significativos en el campo de la
técnica, el arte o las humanidades.
Artículo 71.
Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de
tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra.
La dedicación del profesor de tiempo completo a la universidad
será de cuarenta horas laborales semanales.
Artículo 72.
Los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio
tiempo están amparados por el régimen especial previsto
en esta Ley y aunque son empleados públicos, no son de libre
nombramiento y remoción, salvo durante el período de prueba
que establezca el reglamento docente de la universidad para cada una
de las categorías previstas en el mismo.
Artículo 73.
Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni
trabajadores oficiales; son contratistas y su vinculación a la
entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios,
el cual se celebrará por períodos académicos.
Los contratos a que se refiere este artículo
no estarán sujetos a formalidades distintas a las que se acostumbran
entre particulares. El régimen de estipulaciones será
el determinado por la naturaleza del servicio y el contrato podrá
darse por terminado sin indemnización alguna en los casos de
incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el contrato.
Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento,
el registro presupuestal correspondiente.
Artículo 74.
Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación
de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente
por la entidad para un período inferior a un año.
Los docentes ocasionales no son empleados públicos
ni trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante
resolución y no gozarán del régimen prestacional
previsto para estos últimos.
Artículo 75.
El estatuto del profesor universitario expedido por el Consejo Superior
Universitario, deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Régimen de vinculación, promoción,
categorías, retiro y demás situaciones administrativas.
b) Derechos, obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades,
distinciones y estímulos.
c) Establecimiento de un sistema de evaluación
del desempeño del profesor universitario.
d) Régimen disciplinario.
Artículo 76.
El escalafón del profesor universitario comprenderá las
siguientes categorías:
a) Profesor Auxiliar.
b) Profesor Asistente.
c) Profesor Asociado.
d) Profesor Titular.
Para ascender a la categoría de Profesor Asociado,
además del tiempo de permanencia determinado por la universidad
para las categorías anteriores, el profesor deberá haber
elaborado y sustentado ante homólogos de otras instituciones,
un trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las
ciencias, a las artes o a las humanidades.
Para ascender a la categoría de Profesor Titular,
además del tiempo de permanencia como Profesor Asociado, determinado
por la universidad, el profesor deberá haber elaborado y sustentado
ante homólogos de otras instituciones, trabajos diferentes que
constituyan un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a
las artes o a las humanidades.
Artículo 77. El
régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades
estatales u oficiales se regirá por la Ley 4a de 1992, los Decretos
Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan.
Artículo 78.
Lo dispuesto en este capítulo se aplicará sin perjuicio
de las situaciones jurídicas individuales consolidadas conforme
a derecho.
Artículo 79. El
estatuto general de cada universidad estatal u oficial deberá
contener como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes sobre
la materia, los derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas
y régimen disciplinario del personal administrativo.
Artículo 80.
El régimen del personal docente y administrativo de las demás
instituciones estatales u oficiales que no tienen el carácter
de universidades de acuerdo con la presente Ley, será establecido
en el Estatuto General y reglamentos respectivos, preservando exigencias
de formación y calidad académica, lo mismo que la realización
de concursos para la vinculación de los docentes.
Capítulo 4. Del sistema de universidades estatales
u oficiales.
Artículo 81.
Créase el Sistema de Universidades del Estado, integrado por
todas las universidades estatales u oficiales el cual tendrá
los siguientes objetivos:
a) Racionalizar y optimizar los recursos humanos,
físicos, técnicos y financieros.
b) Implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio
de docentes, la creación o fusión de programas académicos
y de investigación, la creación de programas académicos
conjuntos, y
c) Crear condiciones para la realización de evaluación
en las instituciones pertenecientes al sistema.
Artículo 82.
El Ministro de Educación Nacional reglamentará el funcionamiento
de este sistema, según las recomendaciones del Consejo Nacional
de Educación Superior (CESU).
Artículo 83.
Las universidades estatales u oficiales deberán elaborar planes
periódicos de desarrollo institucional, considerando las estrategias
de planeación regional y nacional.
Capítulo 5. Del régimen financiero.
Artículo 84.
El gasto público en la educación hace parte del gasto
público social de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
350 y 366 de la Constitución Política de Colombia.
Artículo 85.
Los ingresos y el patrimonio de las instituciones estatales u oficiales
de Educación Superior, estará constituido por:
a) Las partidas que se le sean asignadas dentro
del presupuesto nacional, departamental, distrital o municipal.
b) Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean
y los que adquieran posteriormente, así como sus frutos y rendimientos.
c) Las rentas que reciban por concepto de matrículas,
inscripciones y demás derechos.
d) Los bienes que como personas jurídicas adquieran
a cualquier título.
Artículo 86.
Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y
municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto
Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de
los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.
Las universidades estatales u oficiales recibirán
anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales,
que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como
base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.
Artículo 87.
A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el
Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades
estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento
real del Producto Interno Bruto.
Este incremento se efectuará en conformidad
con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales
u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones
que lo integran.
Parágrafo. El incremento al que se refiere
el presente artículo se hará para los sistemas que se
creen en desarrollo de los artículos 81 y 82 y los dineros serán
distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU),
previa reglamentación del Gobierno Nacional.
Artículo 88.
Con el objeto de hacer una evaluación y posteriormente sanear
los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades
estatales u oficiales, éstas en un término no mayor a
seis meses deberán presentar a través del Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) la información
satisfactoria correspondiente.
El Gobierno Nacional en un término no mayor
a dos años y con la asesoría del Consejo Nacional de Educación
Superior (CESU), adoptará las medidas necesarias para garantizar
los aportes correspondientes del Presupuesto Nacional de los entes territoriales
y de los esfuerzos de las mismas universidades.
Parágrafo. Facúltase a las universidades
estatales u oficiales para adoptar el régimen de cesantías
previsto en la Ley 50 de l990. Este se podrá acoger como obligatorio
para quienes se vinculen laboralmente a la universidad a partir de la
vigencia de la presente ley.
Con respecto a quienes ya estuvieran vinculados. el traslado
al nuevo régimen quedará al criterio exclusivo del docente
o funcionario.
Artículo 89.
Créase el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior
(Fodesep), con domicilio en la capital de la República. como
una entidad de economía mixta organizada bajo los principios
de la economía solidaria. En el Fondo de Desarrollo de la Educación
Superior (Fodesep) podrán participar todas aquellas instituciones
de Educación Superior. tanto privadas como estatales u oficiales,
que así lo deseen.
El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior
(Fodesep), tendrá las siguientes funciones:
1. Servir como entidad promotora de financiamiento para
proyectos específicos de las instituciones de Educación
Superior.
2. Plantear y promover programas y proyectos económicos
en concordancia con el desarrollo académico para beneficio de
las instituciones de Educación Superior.
3. Las demás que le sean asignadas por la ley.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento
de este fondo, de conformidad con las disposiciones legales relativas
a las instituciones de economía solidaria.
Artículo 90.
El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), se
conformará con las instituciones de Educación Superior
que voluntariamente deseen participar en él.
Los ingresos de este fondo se integrarán
como sigue:
1. Con aportes que el Gobierno Nacional destine anualmente
en el Presupuesto Nacional.
2. Con los aportes voluntarios de las instituciones de
Educación Superior afiliadas al Fondo.
Artículo 91.
El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), se
conformará con las instituciones de Educación Superior
que voluntariamente deseen participar en él.
Los ingresos de este fondo se integrarán
como sigue:
1. Con aportes que el Gobierno Nacional destine anualmente
en el presupuesto nacional.
2. Con los aportes voluntarios de las instituciones de
Educación Superior afiliadas al Fondo.
Artículo 92.
Las instituciones de Educación Superior, los Colegios de Bachillerato
y las instituciones de Educación No Formal, no son responsables
del IVA. Adicionalmente, las instituciones estatales u oficiales de
Educación Superior tendrán derecho a la devolución
del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran,
mediante liquidaciones periódicas que se realicen en los términos
que señale el reglamento.
Capítulo 6. Del régimen de contratación
y control fiscal.
Artículo 93.
Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos
que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades
estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho
privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y
comerciales, según la naturaleza de los contratos.
Parágrafo. Se exceptúan de
lo anterior los contratos de empréstito, los cuales se someterán
a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás
disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan.
Artículo 94. Para
su validez, los contratos que celebren las universidades estatales u
oficiales, además del cumplimiento de los requisitos propios
de la contratación entre particulares, estarán sujetos
a los requisitos de aprobación y registro presupuestal, a la
sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas
apropiaciones, publicación en el Diario Oficial y pago del impuesto
de timbre nacional cuando a este haya lugar.
Artículo 95.
En razón de su régimen especial, autorízase a las
universidades estatales u oficiales para contratar con empresas privadas
colombianas los servicios de control interno a que se refiere el artículo
269 de la Constitución Política de Colombia.
Parágrafo. La anterior autorización
se hará extensiva a las demás instituciones estatales
u oficiales de Educación Superior que de conformidad con la presente
ley no tienen el carácter de universidad.
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